La mejor de todas es, sin dudarlo, que entretanto se ha estructurado mínimamente la sociedad civil del arte, los distintos colectivos y agentes que la forman. Cierto que el proceso de estructuración y autoorganización está apenas en sus primeros pasos, pero cuando menos ahora puede decirse que de una u otra forma existe una “cadena de interlocución” activa que ya permite a los ciudadanos con intereses directos en el sector hacer llegar a los políticos su sentir en cuanto a los asuntos que les conciernen y en cuyo gobierno reclaman con fundamento participar. Cadena que además –y eso es sin duda lo mejor- una vez que existe obliga a éstos a atender sus demandas.

Y ésa es quizás la segunda de las buenas señales: que, efectivamente, quienes ahora han recibido el encargo de desarrollar la política del gobierno en el sector cultural, parecen por fin decididos a escuchar esos reclamos legítimos que los agentes sociales les han venido planteando, insistentemente.

La verdad es que tendemos a pensar que ahora ya las cosas no van a poder ser de otra manera (aunque Murphy siempre sigue ahí para convencernos de que efectivamente las cosas pueden ocurrir de otra manera, y además si pueden lo harán), y ello justamente porque los socialistas no se quedaron del todo al margen del proceso de articulación del sector. Con Carlos Alberdi como cabeza visible más empeñada en ello, hay que decirlo, el mandato de la anterior Ministra se sancionó con por lo menos un éxito importante en cuanto a las artes plásticas –desde este único punto de vista de la articulación de cauces abiertos de participación de la ciudadanía en la co-gobernanza de la cosa pública. Las distintas asociaciones representativas de cada sector se pusieron de acuerdo –y ciertamente ello no era fácil- para por lo menos suscribir un “documento de buenas prácticas” destinado a regular las políticas artísticas de los grandes centros y museos, estableciendo en él y entre otras cosas criterios de la más elemental sensatez a la hora de seleccionar y designar a sus directores.

Que ahora digamos que cabe concebir esperanzas de que respeten un documento que ellos mismos hicieron explícitamente suyo es algo que nos parece fundado. Pero no ya porque se vayan a sentir atados a la palabra dada –si no hay político que no sepa zafarse de compromiso propio, cuanto más fácil de uno adquirido por antecesor- sino porque realmente parecen -por sus declaraciones- haberse dado cuenta de que, en este caso, el procedimiento sensato (el de sentido común, vaya) y el reclamado coinciden. O dicho de otra forma: que no hay mejor modo de buscar un buen director de museo que la convocatoria pública de un concurso de méritos, realizado con la suficiente transparencia y las suficientes garantías como para que los candidatos internacionales mejor preparados puedan sentirse atraídos a, humildemente, presentar ante nuestra ciudadanía sus proyectos museísticos en abierta y leal competencia.

La verdad es que algunas de las declaraciones del nuevo ministro podrían hacer sospechar intención de colar gato por liebre, rebajando lo reclamado (un concurso internacional y público) en sombra leve (lo del “postulado por el sector”, algo que huele a Cáritas y un poco a pamema). Pero César Antonio Molina conoce suficientemente bien, y desde dentro, el sistema contemporáneo de la cultura. De tal modo que puede dar por seguro que el complejo entramado de redes y diversificados puntos de vista que ahora conforma el tejido que representa legítimamente al sector -y formaliza de hecho su producción social de opinión pública- no se va a contentar fácilmente con retóricas hueras; no va a aceptar que el recién aprobado "Plan de Modernización de las Instituciones Culturales" sirva como un subterfugio hábil que, más que recoger el espíritu originario del suscrito Documento de Buenas Prácticas sirviera, antes bien, para escamotearlo en su apelación principal: la selección por la vía de un concurso público y trasparente.

En todo caso, el nuevo equipo parece de veras empeñado y dispuesto a tomarse en serio que la cultura es un valor de gran importancia en las sociedades del conocimiento y que nuestro país tiene que jugar las bazas que pueda en él con fuerza y claridad, haciendo algo más que dedicarse a cubrir el expediente de la legislatura al casposo estilo funcionario sempiterno.

La forma en que el ministro ha empezado su mandato, haciendo con decisión todo aquello que ha de hacerse para que de verdad pueda empezarse a trabajar de una vez, parece dejarlo claro. Los nombramientos que ya ha realizado –en particular los de José Jiménez para la dirección de Bellas Artes y Juan Carlos Marset para el Inaem- refuerzan esa credibilidad de unos primeros pasos muy firmes y muy bien dados. Ahora es el momento de hacer las cosas que quedan también bien. Cumpliendo la palabra comprometida, pero sobre todo haciendo lo sensato, lo óptimo. Convocando de una vez un concurso en las condiciones adecuadas para garantizar que lo ganará el mejor. Alguien suficientemente bueno, alguien como este país hace tanto tiempo se merece.

Y no se crea que ahí y con eso ya se habría acabado todo: ahí únicamente empezaría a empezar, por fin. A partir de entonces ya sólo quedaría todo lo más difícil: darle al así sensatamente seleccionado –como el mejor profesional- los instrumentos para realmente hacerse con una institución que –digámoslo de una vez- no es que de verdad tenga fantasmas, sino que está tan mal concebida desde el principio, que para no convertirse en la peor tumba de incluso el mejor de los directores posibles necesita, efectivamente, poder cambiarse, y en mucho.

El momento de todo ello ha llegado.